Por el equipo editorial | Agencia MANL
Toluca, Estado de México — Un juez dictó sentencia condenatoria contra María Elena Martínez Robles, expresidenta municipal de Amanalco, por su responsabilidad en el homicidio calificado de dos servidores públicos ocurrido el 25 de enero de 2023, informó la Fiscalía General de Justicia del Estado de México (FGJEM). La autoridad judicial consideró que el acusado ordenó quitarles la vida a las víctimas, a quienes la investigación identifica con las iniciales GJR y MALC en el expediente.
El caso forma parte de lo que las autoridades han denominado "Operación Enjambre", una amplia operación destinada a desmantelar redes de funcionarios presuntamente en connivencia con organizaciones criminales en el Estado de México. La detención de Martínez Robles y otros sospechosos fue resultado de una investigación de cinco meses que la Fiscalía atribuye a denuncias de empresarios y servidores públicos, según las partes oficiales.
Según el expediente de investigación presentado en el juicio, las víctimas se negaron a cooperar con las exigencias de la alcaldesa, por lo que, según la Fiscalía, esta habría contratado a miembros de un grupo criminal para perpetrar los asesinatos. La Fiscalía y medios locales han vinculado el caso con presuntos vínculos con una célula de La Familia Michoacana, aunque la propia resolución judicial especifica las pruebas que acreditaron la comisión del crimen por parte de la exfuncionaria.
Fuentes judiciales especificaron que la audiencia de individualización de sanciones —etapa en la que se determinará la pena específica— fue programada por el tribunal y se celebrará en los próximos días, según el calendario procesal. La Fiscalía indicó que la documentación probatoria recabada permitió acreditar suficientemente la participación del ahora condenado en los hechos.
El caso ha reavivado el debate público sobre la infiltración del crimen organizado en los gobiernos locales y la responsabilidad de los partidos políticos en la selección y supervisión de sus cuadros. Observadores y columnistas señalan que la Operación Enjambre representa tanto una respuesta institucional para cortar las redes de impunidad como un desafío judicial: sustentar las acusaciones con pruebas para que las detenciones y las sentencias no sean objeto de apelaciones o anulaciones en etapas posteriores.
La defensa de Martínez Robles anunció que impugnará la decisión y buscará revertir la sentencia en instancias superiores. Mientras tanto, organizaciones civiles y familiares de las víctimas han exigido que el proceso llegue a sus últimas consecuencias y que se investigue la posible complicidad a nivel municipal y regional. La Fiscalía indicó que la investigación continúa abierta para localizar y procesar a otros presuntos participantes.
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