Por Redacción | Agencia MANL
Toluca, Méx — El diputado local Octavio Martínez Vargas, integrante del Grupo Parlamentario de Morena en la Legislatura del Estado de México, volvió a poner en el centro del debate político y de la fiscalización el caso del presunto desvío de más de 32 millones de pesos del Tribunal de Justicia Administrativa del Estado de México (Trijaem), luego de que el magistrado Gerardo Becker Ania dejó la presidencia de dicho órgano autónomo.
La denuncia del legislador se basa en una investigación de la Fiscalía General de Justicia del Estado de México (FGJEM) por el presunto fraude cometido en diciembre de 2023, cuando se reportaron movimientos irregulares por 32 millones 482 mil pesos desde las cuentas del Tribunal.
Martínez Vargas ha señalado que han transcurrido más de 20 meses sin avances concretos en la investigación, a pesar de que la denuncia se presentó ante la Fiscalía. El diputado atribuye la falta de acciones firmes a la propia autoridad encargada de perseguir los delitos, tanto en la fiscalía como en el entorno de la judicatura encargada de la supervisión de magistrados.
En el contexto de esta controversia, Martínez Vargas ha advertido que ni el magistrado presidente saliente ni el anterior director de Administración han sido llamados a declarar ni investigados con profundidad por la FGJEM, lo que a su juicio refleja una posible omisión o complicidad. Asimismo, acusó la falta de avances en el rastreo de las cuentas receptoras del dinero y la judicialización de responsabilidades.
El caso provocó también la detención de un servidor público adscrito al Tribunal, identificado como Omar “N”, señalado por presunto abuso de confianza al haber realizado transferencias millonarias desde la Jefatura de Servicios Financieros.
Martínez Vargas subrayó que con la salida de Gerardo Becker de la presidencia del Trijaem, las nuevas autoridades del órgano jurisdiccional y del Poder Judicial deben exigir el castigo a los responsables tanto materiales como intelectuales del presunto desvío, enmarcando su mensaje con el lema de combate a la impunidad: “CERO IMPUNIDAD”.
El legislador ha intensificado sus críticas al desempeño de la FGJEM y ha exigido que no se cierre el caso ni quede sin sanciones, tanto para servidores públicos implicados como para quienes hayan facilitado, tolerado o encubierto el ilícito.
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