El Pequeño Cronista
COLUMNA ESPECIAL
El reciente escándalo que envuelve al Tribunal de Justicia Administrativa del Estado de México (TRIJAEM) abre más dudas que certezas. La Fiscalía presume haber vinculado a proceso a un exfuncionario por desviar más de 32 millones de pesos, pero lo que en apariencia es un triunfo legal, en realidad exhibe la fragilidad de las instituciones que deberían velar por la legalidad.
Primera pregunta: ¿cómo es posible que se realizaran 29 transferencias electrónicas millonarias en un par de horas sin que nadie en el área de control interno del Tribunal lo detectara? No hablamos de unos cuantos pesos, sino de operaciones que cualquier sistema de supervisión mínimamente responsable debió frenar en segundos.
Segunda: ¿y el banco? Porque si una persona puede mover 32 millones de pesos en un solo día sin que los controles bancarios enciendan alarmas, entonces no estamos frente a un error aislado, sino ante un sistema de vigilancia financiera que simplemente no funciona. Lo más sospechoso: el dinero fue restituido de manera expedita. ¿Lo hicieron porque había fallas internas que era mejor tapar con rapidez?
Tercera: la Fiscalía. La acusación se finca en abuso de confianza, cuando la magnitud del desfalco sugiere algo más grave: peculado, colusión o incluso delincuencia organizada. ¿Por qué limitar el caso? ¿Se está protegiendo a alguien más allá del funcionario señalado?
Cuarta: el director de administración del TRIJAEM, identificado como T.D.L., aparece en la narrativa como un personaje secundario, cuando su token también estuvo involucrado. ¿Es un testigo, una víctima de engaño o un actor clave en la operación? Su responsabilidad no se puede limpiar con simples declaraciones.
Quinta: el episodio del 1 de septiembre, cuando empleados fueron retenidos en el Tribunal, agrega un capítulo de tensión. ¿Quién organizó esa acción? ¿Fueron ciudadanos exigiendo justicia o grupos de poder internos que buscan presionar a la Fiscalía? El riesgo es que la violencia se utilice como cortina de humo para no señalar a los verdaderos responsables.
Este caso desnuda un hecho doloroso: un tribunal que no pudo cuidar sus propios recursos pretende ser garante de legalidad para los ciudadanos. Un banco que debió proteger los fondos falló en sus controles, y una Fiscalía que judicializa a uno mientras parece olvidar la red de complicidades.
El reciente escándalo que envuelve al Tribunal de Justicia Administrativa del Estado de México (TRIJAEM) abre más dudas que certezas. La Fiscalía presume haber vinculado a proceso a un exfuncionario por desviar más de 32 millones de pesos, pero lo que en apariencia es un triunfo legal, en realidad exhibe la fragilidad de las instituciones que deberían velar por la legalidad.
Primera pregunta: ¿cómo es posible que se realizaran 29 transferencias electrónicas millonarias en un par de horas sin que nadie en el área de control interno del Tribunal lo detectara? No hablamos de unos cuantos pesos, sino de operaciones que cualquier sistema de supervisión mínimamente responsable debió frenar en segundos.
Segunda: ¿y el banco? Porque si una persona puede mover 32 millones de pesos en un solo día sin que los controles bancarios enciendan alarmas, entonces no estamos frente a un error aislado, sino ante un sistema de vigilancia financiera que simplemente no funciona. Lo más sospechoso: el dinero fue restituido de manera expedita. ¿Lo hicieron porque había fallas internas que era mejor tapar con rapidez?
Tercera: la Fiscalía. La acusación se finca en abuso de confianza, cuando la magnitud del desfalco sugiere algo más grave: peculado, colusión o incluso delincuencia organizada. ¿Por qué limitar el caso? ¿Se está protegiendo a alguien más allá del funcionario señalado?
Cuarta: el director de administración del TRIJAEM, identificado como T.D.L., aparece en la narrativa como un personaje secundario, cuando su token también estuvo involucrado. ¿Es un testigo, una víctima de engaño o un actor clave en la operación? Su responsabilidad no se puede limpiar con simples declaraciones.
Quinta: el episodio del 1 de septiembre, cuando empleados fueron retenidos en el Tribunal, agrega un capítulo de tensión. ¿Quién organizó esa acción? ¿Fueron ciudadanos exigiendo justicia o grupos de poder internos que buscan presionar a la Fiscalía? El riesgo es que la violencia se utilice como cortina de humo para no señalar a los verdaderos responsables.
Este caso desnuda un hecho doloroso: un tribunal que no pudo cuidar sus propios recursos pretende ser garante de legalidad para los ciudadanos. Un banco que debió proteger los fondos falló en sus controles, y una Fiscalía que judicializa a uno mientras parece olvidar la red de complicidades.
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