| Agencia MANL
En un operativo de gran escala para fortalecer el Estado de derecho en regiones de alta incidencia delictiva, fuerzas federales desplegaron un dispositivo simultáneo en el Estado de México, Jalisco y Nayarit que resultó en la captura de 14 personas, así como el aseguramiento de armamento, explosivos, vehículos y equipo táctico.
La acción fue encabezada por la Secretaría de Marina (Semar) a través de la Armada de México, en coordinación con la Agencia de Investigación Criminal (AIC) de la Fiscalía General de la República (FGR), la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana (SSPC), además de contar con apoyo de la Secretaría de la Defensa Nacional (Sedena) y la Guardia Nacional (GN).
En total se ejecutaron 16 cateos: uno en el Estado de México, uno en Nayarit y 14 en Jalisco, con el propósito de desmantelar una célula delictiva vinculada a la compra, modificación y venta de armas, considerada su principal actividad ilícita.
De acuerdo con las autoridades, durante las diligencias se cumplimentaron 10 órdenes de aprehensión, con la detención de siete operadores de primer nivel —identificados como jefes de plaza y responsables de operaciones financieras y logísticas— así como tres operadores de segundo nivel especializados en la compra y modificación de armas. Otras cuatro personas fueron capturadas en flagrancia, una de ellas encargada de resguardar una bodega con armamento.
El aseguramiento incluyó 4 armas largas, 27 armas cortas, 4 granadas, cartuchos útiles, cargadores, placas balísticas, 7 vehículos y una motocicleta, lo que refuerza la hipótesis de que la organización mantenía un corredor de tráfico y almacenamiento de armamento en la región.
Los detenidos y el material asegurado quedaron bajo resguardo del Ministerio Público Federal, mientras que el traslado y custodia fue apoyado por la Secretaría de Seguridad y Paz del Estado de Guanajuato.
Con este golpe, el Gabinete de Seguridad federal asegura que se debilitó la capacidad operativa de un grupo delictivo generador de violencia, reafirmando la estrategia de coordinación interinstitucional para proteger a las familias mexicanas.
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