Accidente fatal en Atlacomulco muestra omisiones y negligencia de autoridades

 

Por el equipo editorial | Agencia MANL

Atlacomulco, Estado de México.– El trágico accidente registrado esta mañana en la carretera federal Atlacomulco-Maravatío, donde un tren de la empresa Kansas City Southern de México impactó a un autobús de pasajeros proveniente de Herradura de Plata, dejó 10 personas fallecidas y 55 lesionadas, según cifras confirmadas por la Secretaría de Salud y la Fiscalía General de Justicia del Estado de México (FGJEM). Sin embargo, más allá de los anuncios oficiales, el hecho revela graves omisiones institucionales en materia de seguridad vial y ferroviaria.

El autobús salía de San Felipe del Progreso con destino a la Ciudad de México y fue impactado por la locomotora en un cruce carretero que durante años ha sido identificado como de alto riesgo por vecinos y transportistas de la región. La falta de barreras automáticas, señalización adecuada, vigilancia preventiva y medidas de coordinación entre la empresa ferroviaria y las autoridades estatales y municipales fue determinante para la tragedia.

A pesar de la magnitud del desastre, las instituciones respondieron con una operación reactiva y no preventiva. La movilización de la Guardia Nacional, la Sedena, Protección Civil, la Cruz Roja, el Grupo Relámpagos y personal de salud permitió atender a las víctimas, pero no resolvió la raíz del problema: la falta de políticas públicas de prevención en los cruces ferroviarios del Estado de México. En Atlacomulco y municipios aledaños existen al menos 12 cruces similares, donde el riesgo para la población es permanente y está documentado.

La Secretaría de Infraestructura del Estado y la Secretaría de Comunicaciones y Transportes (SCT) han omitido la instalación de dispositivos de seguridad obligatorios en los cruces ferroviarios, contraviniendo las normas internacionales y los estándares básicos de protección ciudadana. El costo de esta negligencia fue pagado por 10 personas con sus vidas y decenas más con lesiones físicas y emocionales.

Veintiún personas fueron trasladadas al Hospital General Atlacomulco del IMSS-Bienestar; al Hospital General de San Felipe del Progreso, diez; a la Clínica 252 del IMSS, otras diez; mientras que los pacientes más graves tuvieron que ser trasladados vía aérea al Hospital Adolfo López Mateos y al Hospital Médica MIA. Esta dispersión de la atención médica también refleja la insuficiencia hospitalaria en la región norte del Estado de México, donde la capacidad de respuesta a emergencias masivas colapsa.

Si bien la FGJEM abrió una carpeta de investigación, lo cierto es que la impunidad en los accidentes ferroviarios es la regla y no la excepción. Ni Kansas City Southern ni las autoridades de movilidad suelen asumir responsabilidades más allá de indemnizaciones parciales, mientras que los compromisos de inversión en seguridad se posponen.

El gobierno estatal ha prometido apoyo y atención integral a las víctimas, pero la verdadera demanda ciudadana es evitar que estas tragedias se repitan. Cada vida perdida es consecuencia directa de una cadena de omisiones, negligencia y falta de planificación en materia de infraestructura y seguridad vial.

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