* El caso Ecatepec abre un debate constituciona
Redacción | Cronista Noticias
Ecatepec, Estado de México.- El amparo promovido por habitantes de la Quinta Zona de Ecatepec no solo busca garantizar el acceso al agua potable. También abrió un debate sobre los límites entre la protección de los derechos humanos y la realidad financiera de los gobiernos municipales.
El proyecto del amparo en revisión 13/2026, que permanece en estudio de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, plantea diversas medidas para garantizar el suministro de agua. Sin embargo, el Ayuntamiento calcula que cumplirlas en su totalidad requeriría una inversión superior a 6 mil millones de pesos, monto que considera material y financieramente inviable en el corto plazo.
La cifra contempla alrededor de 2 mil millones de pesos para sustituir medidores en la Quinta Zona y otros 4 mil millones para modernizar la infraestructura hidráulica y cumplir plenamente con la Norma Oficial Mexicana NOM-127-SSA1-2021 sobre calidad del agua.
La investigación del propio proyecto de sentencia reconoce que el derecho humano al agua es plenamente justiciable y que las autoridades deben adoptar medidas para garantizarlo. No obstante, también analiza el principio de progresividad, según el cual la realización de los derechos económicos y sociales debe considerar la disponibilidad de recursos y la implementación gradual de acciones estructurales.
Suprema Corte de Justicia de la Nación
Los expedientes revisados por la Corte documentan que el desabasto en la Quinta Zona es un problema histórico de más de una década y que cientos de familias han dependido durante años del suministro mediante pipas particulares, situación que motivó la presentación de los amparos.
Frente a ese escenario, el gobierno municipal sostiene que ya ejecuta obras para mejorar el servicio, entre ellas la rehabilitación de pozos, la construcción del Tanque Maestro de Ciudad Cuauhtémoc, la reparación de fugas y acciones contra la extracción ilegal de agua, además del abastecimiento mediante pipas a las personas promoventes del juicio.
Especialistas en derecho constitucional coinciden en que la Suprema Corte tiene facultades para ordenar medidas que garanticen derechos humanos, pero también debe valorar la proporcionalidad, la viabilidad técnica y las condiciones materiales para su cumplimiento, especialmente cuando las órdenes judiciales implican inversiones públicas de gran magnitud. Ese equilibrio entre derechos y capacidad institucional forma parte del análisis que la propia Corte desarrolla en los proyectos relacionados con el derecho al agua.
Suprema Corte de Justicia de la Nación
La resolución que finalmente adopte la SCJN podría definir no solo el futuro del suministro de agua en Ecatepec, sino también los criterios que deberán seguir los tribunales cuando la protección de un derecho humano implique reasignar recursos públicos que también financian obras y servicios para millones de habitantes.
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