Por el equipo editorial/Agencia MANL
Ciudad de México.– Con pancartas, consignas y una clara demanda de justicia, integrantes de los colectivos Presunción de Inocencia y Derechos Humanos y Frente Mexiquense para una Vivienda Digna instalaron este martes un piquete frente a las oficinas del Instituto Nacional Electoral (INE), para denunciar lo que califican como una nueva arremetida del Poder Judicial contra los derechos humanos y el acceso a la justicia.
La movilización fue encabezada por el activista y ex preso de conciencia José Humbertus Pérez Espinosa, quien acusó que existe una red de complicidad al interior del sistema judicial, a la que llamó el “Cártel de la Toga”, encargada de operar a favor de intereses oscuros desde tribunales, fiscalías y estructuras del Estado.
Quieren imponernos magistrados y ministros con antecedentes de corrupción y fabricación de culpables. ¡No lo vamos a permitir! expresó Pérez Espinosa, señalando directamente al magistrado Ricardo Sodi Cuéllar y al exfiscal Alejandro Jaime Gómez Sánchez, quienes -según los grupos- buscan ser ratificados como figuras claves del nuevo modelo judicial que se implementará a partir del 1 de julio.
Durante la protesta se destacó la demanda de una auditoría nacional del Poder Judicial y una revisión profunda del manejo de los recursos públicos destinados a la seguridad y la justicia. Pérez Espinosa recordó que sus grupos han documentado el desvío de más de 155 mil millones de pesos del Fondo de Aportaciones para la Seguridad Pública (FASP), recursos que nunca fueron auditados ni considerados en las reformas judiciales impulsadas en la última década.
"La reforma de derechos humanos de 2011 y la reforma de justicia penal de 2013 están muertas; no se han implementado. La ley también debe alcanzar a quienes fuimos perseguidos, torturados y desposeídos antes de 2024", enfatizó el activista.
En su mensaje, acusó a los gobiernos estatales priistas y morenistas de haber hecho de los allanamientos un negocio millonario, respaldado por instituciones judiciales que operaron con total impunidad. “Cuando llegaron los presidentes municipales de Morena se encontraron con un negocio en plena actividad: miles de casas vacías que eran botín político y económico”, dijo.
El plantón frente al INE marca el inicio de lo que los grupos llaman una "jornada nacional por la verdad y la justicia", que incluirá movilizaciones en otras instituciones, como los institutos electorales estatales, para exigir que no se ratifique a funcionarios acusados de graves violaciones a derechos humanos.
"Queremos abrir la caja de Pandora de la Suprema Corte. No puede haber ni perdón ni olvido. Si Morena dice que no habrá impunidad, que se audite todo el sistema de justicia, desde el fuero federal hasta el fuero común", dijo Pérez Espinosa.
Finalmente, acusó que ningún órgano responsable del sistema penal nacional -ni el Consejo de Seguridad, ni el Poder Judicial, ni la Procuraduría- presentó los informes preceptivos sobre la implementación del Código Procesal Penal Nacional de 2014 a 2023. Esto, dijo, explica el caos procesal que hoy vive el país, con sentencias dictadas con base en pruebas irregulares, de una sola imputación o, incluso, sin el debido proceso.
Los manifestantes exigieron que los senadores, particularmente los de Morena, rindan cuentas por omitir la supervisión de estas obligaciones legales y por permitir que el nuevo modelo judicial avance sin esclarecer el pasado.
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