Por Redacción | Agencia MANL
Toluca, Estado de México.— El aterrizaje de un avión militar de Estados Unidos en el Aeropuerto Internacional de Toluca (AIT) generó especulación en redes sociales y espacios informativos durante el fin de semana, luego de que no existiera un comunicado inmediato por parte de autoridades aeroportuarias.
Se trató de una aeronave C-130J Super Hercules, perteneciente a las Fuerzas Armadas estadounidenses, que despegó de la base Dyess Air Force Base, en Texas, y arribó a Toluca alrededor de las 14:46 horas. El vuelo fue detectado mediante plataformas de rastreo aéreo, aunque inicialmente no apareció en los registros públicos del aeropuerto, lo que alimentó versiones sobre una posible operación extraordinaria.
Ante la polémica, el Gobierno de México, a través del Gabinete de Seguridad, confirmó que el aterrizaje sí contó con autorización oficial, y que estuvo vinculado a actividades de capacitación y cooperación bilateral, descartando cualquier operación militar o despliegue de fuerzas extranjeras en territorio nacional.
El hecho ocurre en un contexto sensible en materia de seguridad y relaciones México-Estados Unidos. Días previos, un avión P-8 Poseidon de la Marina estadounidense realizó sobrevuelos en costas del Pacífico mexicano, mientras que la FAA emitió una alerta (NOTAM) sobre posible interferencia de señales GPS por actividad militar en zonas marítimas cercanas. Además, el Senado mexicano pospuso recientemente una sesión en la que se analizaría el ingreso de personal militar estadounidense para actividades de adiestramiento.
Hasta el momento, las autoridades federales han reiterado que no existe intervención extranjera ni acciones armadas en México, y que los vuelos militares se rigen por acuerdos y permisos específicos. Sin embargo, la falta de información inmediata volvió a evidenciar la opacidad con la que suelen manejarse este tipo de movimientos, lo que deja espacio a la especulación pública.
El caso mantiene la atención pública, especialmente por el contexto de presión internacional contra grupos criminales con presencia en el Estado de México y otras regiones del país.
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