Por Editorial | Agencia MANL
Toluca, Estado de México. 29 de octubre de 2025.- Dos años después de asumir la gubernatura del Estado de México, la administración de Delfina Gómez Álvarez enfrenta una serie de reclamos y quejas específicas de diversos sectores sociales, organizaciones y medios de comunicación, centradas principalmente en la atención a los servicios básicos, la rendición de cuentas y los resultados administrativos en los municipios.
Según registros de prensa y fuentes oficiales, el Movimiento Torchista y otras organizaciones sociales han realizado diversas manifestaciones y bloqueos de calles en Toluca y municipios del oriente mexicano, exigiendo audiencias con la gobernadora y atención a sus demandas de infraestructura, agua potable, drenaje y pavimentación. Estas protestas fueron documentadas durante 2024 y 2025 en medios nacionales y regionales.
Por otro lado, la Fiscalía General del Estado de México ha informado sobre operativos e investigaciones relacionados con casos de corrupción y delincuencia organizada dentro de las fuerzas policiales municipales. En diversos comunicados oficiales, se reportaron detenciones de comandantes por presuntos vínculos con el crimen organizado y la apertura de miles de expedientes de investigación por irregularidades administrativas durante el ciclo escolar 2024-2025.
A pesar de estos indicios, el gobierno mexicano ha sostenido que mantiene una política de "tolerancia cero a la corrupción", así como estrategias de fortalecimiento institucional mediante convenios de transparencia con los municipios. En su segundo informe de gobierno, Delfina Gómez afirmó que su administración trabaja para "romper los pactos de impunidad" y que programas sociales, como Mujeres con Bienestar, han beneficiado a más de 600,000 personas.
Sin embargo, la queja recurrente entre las comunidades y organizaciones es la falta de respuesta a las peticiones y audiencias directas, así como la lentitud de la atención institucional. Según la propia Secretaría General de Gobierno, durante 2024 y 2025 se registraron más de 2000 manifestaciones ciudadanas, lo que refleja el alto nivel de exigencia social hacia el Poder Ejecutivo.
En su balance de dos años, la gobernadora ha destacado la reducción de delitos como homicidio doloso, robo de vehículos y extorsión, además de la rehabilitación de 800 kilómetros de caminos rurales en el sur del estado. Sin embargo, las quejas ciudadanas más frecuentes señalan que estos avances no han tenido el mismo impacto en todos los municipios y que aún persisten retrasos en los servicios, falta de transparencia y atención directa.
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