Toluca, Méx.— El Congreso del Estado de México discutió una iniciativa presentada por el diputado Octavio Martínez Vargas, que busca endurecer las penas contra funcionarios de la Fiscalía y del Poder Judicial que fabriquen delitos o manipulen pruebas en procesos judiciales.
La propuesta modifica el artículo 353 del Código Penal estatal y el artículo 58 de la Ley de Responsabilidades Administrativas. Se establece que los servidores públicos que introduzcan, falsifiquen o manipulen dictámenes, testimonios y pruebas documentales podrán recibir sanciones que van de tres a ocho años de prisión, además de multas de hasta 500 días e inhabilitación de su cargo.
Martínez Vargas alertó que miles de mexiquenses cumplen condenas sin haber cometido delitos, principalmente por la falta de una defensa adecuada y por prácticas de corrupción que favorecen estadísticas oficiales en detrimento de la justicia. Destacó que los defensores públicos que incurran en estas conductas recibirían sanciones más severas, y si la manipulación probatoria provoca que un inocente sea sentenciado, las penas se duplicarán.
El legislador hizo un llamado a sus compañeros diputados para aprobar la iniciativa, recordando que el Plan de Desarrollo estatal tiene como eje número uno la erradicación de la corrupción y el fortalecimiento del Estado de derecho.
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