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| Delfina Gómez y Ricardo Sodi Cuéllar |
* Grupos ciudadanos exigen la renuncia del Fiscal General José Luis Cervantes Martínez
Por Redacción / Agencia MANL
Estado de México.,,- La política de seguridad en el Estado de México, encabezada por la gobernadora Delfina Gómez y el secretario de Gobierno Horacio Duarte Olivares, enfrenta duras críticas por lo que ciudadanos y colectivos califican como una "política de simulación". Estas acusaciones apuntan a una falta de respeto a la división de poderes y a una persistente violación de los derechos humanos.
Colectivos como PIDH AC y FMVD AC han señalado directamente al presidente del Poder Judicial del Estado de México, Ricardo Sodi Cuellar, como el responsable de imponer a José Luis Cervantes Martínez como Procurador General de la República en 2022. Según los denunciantes, este nombramiento Fue una maniobra política que desconoció estándares internacionales sobre independencia judicial, como las recomendaciones emitidas por la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH).
EL LEGADO DE LA FABRICACIÓN DE CRÍMENES
El caso del bar “Bling Bling” de Cuautitlán Izcalli, donde seis personas perdieron la vida, se ha convertido en un emblema de la crisis. Las autoridades detuvieron a varias personas, presuntamente inocentes, en condiciones que familiares y defensores califican de arbitrarias, señalando también torturas para obligar a confesar. Estas prácticas, advierten los grupos, son el sello distintivo de la Fiscalía General y perpetúan un sistema de justicia corrupto que llena las cárceles con acusados fabricados.
FISCAL BAJO FUEGO
El nombramiento de Cervantes Martínez, criticado desde un principio, fue aprobado por unanimidad en el Congreso Local con 75 votos. Activistas señalan que este proceso estuvo marcado por irregularidades, entre ellas la falta de certificación en exámenes de control de confianza del ahora Fiscal. Acusan a Sodi Cuéllar y al Congreso de consolidar un "fiscal carnal" que responde más a intereses políticos que a la procuración de justicia.
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| José Luis Cervantes Martínez. |
"Cervantes Martínez, en su estirpe, lleva el ADN de un torturador", dicen los activistas, que exigen su renuncia inmediata, argumentando que su permanencia representa un obstáculo para la justicia y la dignidad de los mexicanos.
SIMULACIÓN DE SEGURIDAD Y COORDINACIÓN DE COMPETENCIAS
Los denunciantes acusan al gobierno estatal de priorizar la simulación de una convivencia armoniosa entre los poderes del Estado por encima del respeto a su división. Según estos críticos, la administración de Delfina Gómez utiliza recursos públicos y estrategias mediáticas para maquillar una realidad de inseguridad y desconfianza en las instituciones.
LLAMADO A LA ACCIÓN
Ante este escenario, los colectivos han convocado a una marcha el próximo 5 de diciembre de 2024 en Toluca, donde exigirán la renuncia de José Luis Cervantes Martínez y un replanteamiento total de la política de seguridad y justicia en la entidad.
La postura de los colectivos es que la ciudadanía está llamada a alzar la voz contra lo que consideran un sistema defectuoso que perpetúa la impunidad y viola los derechos humanos.
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