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* Bertín Arellano Gómez y otras autoridades penitenciarias, amenazan a PPL de PODH y lo responsabilizan de audios, en donde, se acredita cómo el seudo activistas y Antonio Lara Duque lucraron y extorsionaron con la Ley de Amnistía del Estado de México.


Agencia MANL

Estado de México.- Presunción de Inicencia y Derechos Humanos (PIDH) denunció que el martes pasado 
un integrante del colectivo Presunción de Inocencia y Derechos Humanos Roberto N, "nos llamo para decirnos que el director del Penal de Chiconautla Bertín Arellano Gómez" y otras autoridades penitenciarias, lo amenazaron por ser el responsable de un audios, en donde, se acredita cómo seudo activistas Antonio Lara Duque lucraron y extorsionaron con la Ley de Amnistía del Estado de México.

En un comunicado de PIDH, se dio a conocer que "Bertín Arellano Gómez se convirtió en el defensor de oficio de Antonio Lara Duque, Cristobal Juárez Pérez, María de los Ángeles Zambrano y Fabiola Vite Torres".

Narran que "Les autorizó el ingreso al penal de Chiconautla para lucrar y extorsionar a un centenar de internos con la promesa de darles la libertad por amnistía".

Explican que "desde enero de 2019 se tienen pruebas suficiente y completas que acreditan como María de los Ángeles García Zambrano y su interno acusado de extorsionar a internos con la complicidad de Bertín Arellano Gómez, incluso Manuel Palma Rangel y Jaime Echartea Mojica, autorizó su enlace matrimonial en el penal de Chiconautla con una acta de matrimonio falsa".

Advierten en el documento que "Desde ese año Bertín Gómez protege a Cristobal Juárez Pérez e incluso el dias pasados Cristobal Juárez Ortega, lo nombró Jefe de Celda, máximo galardón  de bronce que le otorga a un delincuente para ser parte de la estructura del auto gobierno y la corrupción".

El colectivo denuncia que "Cristobal Juárez Pérez por el delito de secuestro nunca ha sido trasladado a un penal federal como lo han hecho con otros internos por delitos de robó, violación, entre otros, siendo inocentes, y no lo hacen porque este sujeto trabaja para policía y tener los privilegios de vivir de la cárcel con el sufrimiento y el dolor de la prisión, de los PPL y sus familiares.
Bertín Arellano Gómez en una acción concertada con Cristobal Juárez Pérez y María de los Ángeles García Zambrano, lograron que el Abogado Antonio Lara Duque del Centro de Derechos Humanos Zeferino Ladrillero Ingresaron al penal de Chiconautla, para lucrar y extorsionar con las amnistías cobrando 90 mil, 120 mil y hasta 200 mil pesos por interno".

Al conocer estos hechos Bertín Arellano Gómez en lugar de denunciar estas conductas delictivas, se convirtió en su defensor de oficio, para amenazar y querer trasladar a un penal federal a una persona inocente, que no tiene nada que ver con los audios que se dieron a conocer.

PIDH señalan "este apoyo para delinquir es operado por el diputado Morenista Max Correa, Ricardo Sodi Cuellar (a través de su Patiño Jesús Elías Estrada García), y las autoridades penitenciarias quienes autorizan traslados inconstitucionales".

Adempas, "que por cierto Max Correa apoyo la candidatura de Antonio Lara Duque para ocupar la titularidad de la CODHEM para sustituir a Jorge Olvera García".

Puntializan que "Olvera García ex Titular de la CODHEM impulsó todas sus solicitudes de Amnistía que perdió junto con Antonio Lara Duque, el Abogado del Centro de Derechos Humanos, agotó las 26 solicitudes de Amnistía hasta el juicio de amparo en el recurso de revisión ante Tribunales Colegiados en Materia Penal del Segundo Circuito".

"Los chicos malos de Max Correa (Antonio Lara Duque, Cristobal Juárez Pérez, María de los Ángeles Zambrano y Fabiola Vite Torres) sabiendo que perdieron las amnistía desde agosto de 2022, se atrevieron a ir a lucrar y extorsionar al penal de Chiconautla, contando con su defensor de oficio Bertín Arellano director del penal de Chiconautla", 

Además, PIDH indicó que "le pedimos a la CODHEM que no avalen los traslados inconstitucionales de las y los PPLS a otros centro penitenciarios federales y que se traslade a un penal federal a una persona, que no tiene que ver con los audios que acreditan las extorsiones encabezadas por Antonio Lara Duque y sus demás cómplices". 

Destacaron que "la persona que amenazaron para trasladarlo a un penal federal no tiene nada que ver con las acusaciones de los audios".

"Pedimos respetar los derechos humanos de libertad de expresión y asociación de las personas que denuncian la corrupción e investigar a Antonio Lara Duque, por extorsionar y lucrar con la Ley de Amnistía y a su cómplice y protector el diputado de Morena Max Correa Hernández", concluyó el comunicado. 



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