* Familias denuncian presunta fabricación de delitos y exigen ser escuchadas
Mario Núñez | Cronista Noticias
Toluca, Estado de México. La protesta de mujeres y familiares de personas privadas de la libertad frente a la Fiscalía General de Justicia del Estado de México cumplió 149 días sin que, aseguran, hayan sido recibidos por el fiscal general José Luis Cervantes Martínez para atender las denuncias de presunta fabricación de delitos y violaciones al debido proceso.
El diputado local Octavio Martínez Vargas acudió al campamento instalado en las inmediaciones de la Fiscalía para escuchar a las familias, quienes relataron que desde hace casi cinco meses permanecen en protesta pacífica para exigir la revisión de expedientes que consideran plagados de irregularidades.
De acuerdo con el legislador, las manifestantes sostienen que decenas de personas permanecen en prisión tras investigaciones que, a su juicio, presentan inconsistencias, por lo que demandan una revisión jurídica independiente de cada uno de los casos.
Las familias afirmaron que durante este tiempo han solicitado en diversas ocasiones una audiencia con el titular de la Fiscalía, sin obtener una respuesta favorable. Señalaron que su principal exigencia no es la liberación automática de los internos, sino que cada expediente sea analizado conforme a derecho y con pleno respeto a las garantías constitucionales.
La permanencia del plantón también ha llamado la atención de organizaciones civiles que han insistido en la importancia de fortalecer los mecanismos de revisión cuando existen denuncias de posibles detenciones arbitrarias, fabricación de pruebas o violaciones al debido proceso. Diversos organismos defensores de derechos humanos han advertido que estos casos deben investigarse de manera imparcial para garantizar el acceso a la justicia.
José Luis Cervantes Martínez fue nombrado fiscal durante la administración del entonces gobernador Alfredo del Mazo Maza y concluirá su periodo conforme a los tiempos establecidos por la ley. En distintos momentos, colectivos ciudadanos han cuestionado el desempeño de la institución en investigaciones relacionadas con presuntas violaciones a los derechos humanos.
Octavio Martínez aseguró que dará seguimiento a las demandas de las familias y promoverá que exista un canal de comunicación entre las autoridades y los manifestantes, con el objetivo de revisar los expedientes y garantizar que los procesos judiciales se apeguen a la legalidad.
Hasta el cierre de esta edición, la Fiscalía General de Justicia del Estado de México no había emitido un posicionamiento específico sobre las declaraciones del legislador ni sobre las peticiones de las personas que mantienen el plantón.
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