Por el equipo editorial | Agencia MANL
Toluca, Estado de México, 19 de febrero de 2026. — La diputada local de Morena, Jennifer González, presentó una iniciativa para que toda mujer que acceda a la Interrupción Legal del Embarazo (ILE) en los supuestos permitidos por la ley, reciba una incapacidad médica oficial de al menos tres días hábiles, prorrogables según criterio clínico, con efectos laborales, académicos y de seguridad social.
La propuesta establece que la incapacidad es confidencial —sin mención expresa del motivo, salvo con el consentimiento de la paciente— y reconocida de inmediato por empleadores e instituciones educativas. Su negativa, advirtió el legislador, debe tipificarse como violencia institucional u obstétrica o como acto de discriminación.
González, también presidente de la Comisión Legislativa de Salud, Asistencia y Bienestar Social, destacó que entre 2007 —cuando se implementó la ILE en la Ciudad de México— y diciembre de 2024, más de 77,000 mujeres mexicanas utilizaron este servicio en la capital, cifra que equivale a casi una cuarta parte del total de procedimientos realizados allí. Antes de la despenalización local, alrededor de 294 mexicanas viajaban mensualmente a la CDMX para interrumpir su embarazo.
Recordó que el 25 de noviembre de 2024, el Congreso mexicano aprobó la despenalización del aborto hasta las 12 semanas, convirtiendo al Estado de México en la decimoctava entidad en garantizar este derecho. Sin embargo, sostuvo que persiste una omisión regulatoria: si bien la ILE está permitida, no existe un reconocimiento expreso y uniforme de la incapacidad médica posterior al procedimiento.
Según la iniciativa, esta brecha genera discriminación indirecta por género, riesgos para la salud física y emocional, así como posibles despidos, sanciones laborales o deserción escolar. El diputado enfatizó que cuando la ILE se realiza de forma segura, una recuperación adecuada reduce las complicaciones, por lo que el descanso médico forma parte del estándar de atención.
La reforma, afirmó, busca consolidar avances en justicia reproductiva y autonomía corporal, alineada a la agenda de derechos humanos en la entidad.
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