Por Redacción / Agencia MANL
Ecatepec, Méx., 1 de julio de 2025.- Una denuncia anónima permitió a las autoridades municipales y federales rescatar a una adolescente de 13 años víctima de abuso sexual y privación ilegal de la libertad en una vivienda ubicada en el pueblo de Santa Clara Coatitla, en Ecatepec.
Cabe señalar que el caso ha prendido las alarmas ante la presunta existencia de una red de trata de personas que operaría impunemente en la zona.
El operativo, coordinado entre la policía municipal y personal de la Fuerza de Tarea Ecatepec de la Secretaría de Marina, se realizó en un domicilio de la calle Hermenegildo Galeana, donde fueron detenidos tres presuntos agresores: Gaudencio “N” de 81 años, José Luis “N” de 57 y Paula “N” de 41 años. Los tres fueron trasladados al Centro de Justicia para las Mujeres, acusados de abuso sexual y privación de la libertad.
La menor, quien vivía en situación de calle, fue rescatada por elementos de la Unidad de Atención a Víctimas municipal. Tras su liberación, se activaron los protocolos de resguardo y protección, quedando bajo el cuidado del DIF de Ecatepec, instancia que determinará su situación jurídica y dará seguimiento integral a su recuperación.
De acuerdo con los primeros indicios, los detenidos podrían estar implicados en una red de trata de personas, ya que presuntamente utilizaban a la menor para ofrecer favores sexuales a cambio de dinero dentro del inmueble donde fue hallada. Será la Fiscalía General de Justicia del Estado de México quien continúe las investigaciones para deslindar responsabilidades y confirmar o descartar la operación de una estructura delictiva más amplia.
Este caso refleja los riesgos estructurales que enfrentan las niñas, niños y mujeres en zonas vulnerables de Ecatepec, donde la violencia y la explotación sexual siguen representando un grave problema.
Las autoridades locales han señalado que estos resultados son parte de la Estrategia Integral de Seguridad Ciudadana para la Construcción de la Paz, la cual busca combatir los delitos de alto impacto mediante una mayor presencia territorial y coordinación interinstitucional.
Sin embargo, colectivos y defensores de derechos humanos exigen no solo operativos reactivas, sino políticas públicas sostenidas, con enfoque preventivo, que atiendan las causas estructurales de la violencia contra menores y garanticen entornos seguros para quienes más lo necesitan.
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