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Por Redacción / CRONISTA 


Toluca, Méx.- Miroslava Carrillo Martínez asumió la titularidad del Órgano Superior de Fiscalización del Estado de México (OSFEM) en enero de 2020 con el compromiso de garantizar una mayor transparencia y rendición de cuentas en el uso de los recursos públicos en la entidad. Sin embargo, tras casi cuatro años en el cargo, los resultados han sido cuestionables y las expectativas de cambio se han visto defraudadas.


Irregularidades millonarias sin consecuencias


A lo largo de la gestión de Carrillo Martínez, el OSFEM ha detectado irregularidades por un total de 39 mil millones de pesos, principalmente a través de auditorías realizadas a diversas entidades públicas estatales y municipales. Estos hallazgos incluyen desde obras públicas no ejecutadas hasta subejercicios presupuestarios y una serie de manejos opacos en organismos descentralizados. Sin embargo, a pesar de la magnitud de las irregularidades, no se ha logrado recuperar ningún recurso ni se han tomado acciones concretas para sancionar a los responsables. Las auditorías del OSFEM parecen limitarse a emitir observaciones, sin seguir un proceso efectivo de sanción o reparación del daño.



Una fiscalización selectiva


Uno de los aspectos más criticados de la gestión de Carrillo Martínez ha sido la fiscalización selectiva, centrada principalmente en municipios más pequeños, mientras que los grandes municipios, que manejan una mayor cantidad de recursos, han quedado prácticamente intocados. Esta elección de objetivos ha generado fuertes críticas tanto de la ciudadanía como de legisladoras que señalan que, a pesar de las irregularidades que se encuentran en los grandes municipios, el OSFEM no ha tomado medidas enérgicas en esos casos.


Los habitantes de diversos municipios han manifestado su descontento, señalando que no ven resultados tangibles en obras públicas, servicios básicos como el agua potable y la remoción de vialidades, además de la inseguridad que prevalece en varias localidades. Para muchos, los recursos que se destinan a estos proyectos siguen siendo un misterio, lo que genera una creciente desconfianza hacia el órgano encargado de fiscalizar.


Casos sin resolución y denuncias penales sin avances




La gestión de Carrillo Martínez también ha estado marcada por escándalos relacionados con actos de corrupción dentro del propio OSFEM. En 2023, se interpusieron cuatro denuncias penales por la ejecución de obras públicas que fueron pagadas pero no se realizaron, además de acusaciones por sobornos y falsificación de documentos dentro del órgano. Sin embargo, a pesar de estas denuncias, no se ha logrado obtener ninguna sanción ni reparar el daño causado.


Entre los municipios que continúan enfrentando graves problemas financieros y administrativos, se encuentran Chiconcuac, Juchitepec, Ozumba y San Felipe del Progreso, cuyas situaciones no han mostrado avances significativos, a pesar de que el OSFEM ha realizado observaciones en su contra. Las sanciones administrativas que se han aplicado hasta ahora son mínimas, sumando apenas 2.3 millones de pesos en indemnizaciones, una cifra que palidece frente a la magnitud del daño detectado.


Un OSFEM ineficaz y un sistema que necesita reformas urgentes




El mayor cuestionamiento hacia la gestión de Carrillo Martínez ha sido la falta de efectividad del OSFEM en cumplir su misión de fortalecer la transparencia y la rendición de cuentas en el Estado de México. A pesar de las observaciones realizadas sobre el mal uso de los recursos públicos, los responsables no han sido sancionados de manera efectiva, y el daño causado sigue sin repararse.


Esta situación refleja no solo una crisis en la fiscalización estatal, sino también una urgente necesidad de reforma en el sistema de control y sanción para evitar que la corrupción y la impunidad sigan siendo la norma. La ciudadanía sigue esperando resultados concretos de un órgano que, en lugar de servir como garante de la transparencia, ha sido señalado por su inacción.


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