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Agencia MANL 


Estado de México.- El defensor de derechos humanos, José Humbertus Pérez Espinoza, representante de las organizaciones Presunción de la Inocencia y Derechos Humanos A.C. (PIDHAC) y el Frente Mexiquense para una Vivienda Digna A.C. (FMVD), ha alzado la voz para denunciar un incremento en el hostigamiento y la persecución en su contra, así como contra las organizaciones que lidera. Esta denuncia fue hecha ante la organización Red Solidaria Década Contra la Impunidad A.C. (RSDCIAC), señalando que esta escalada de represión se ha intensificado como respuesta a sus actividades y declaraciones públicas.


Pérez Espinoza ha sostenido posturas críticas en contra de la exalcaldesa de Tecámac y virtual senadora, Mariela Gutiérrez Escalante, a quien ha acusado de formar parte del "cártel inmobiliario" que opera en la entidad. Según el defensor, durante la administración de Gutiérrez Escalante no se embargaron las garantías a las inmobiliarias, permitiendo su impunidad. Además, la señala de tener alianzas con las oligarquías hipotecarias e inmobiliarias y de ser conocida por su sed de venganza.


El defensor también ha señalado públicamente al Magistrado Ricardo Sodi Cuellar, acusándolo de ser un subordinado de bancos e inmobiliarias, lo que agrava aún más su situación de riesgo.



DESALOJO IRREGULAR EN TECÁMAC


En un incidente reciente que ilustra la gravedad de la situación, Pérez Espinoza informó que el 25 de agosto, a las 9:00 a.m., policías municipales, junto con cargadores y personal del Juzgado Quinto de Ecatepec, con sede en Tecámac, realizaron un desalojo de habitantes de una vivienda, pese a que estos contaban con un amparo vigente. Este hecho, según el defensor, es una violación flagrante al derecho de un juicio justo, y pone en evidencia la falta de condiciones de seguridad personal, física y psicológica para él y los integrantes de las organizaciones que representa.


LLAMADA A LA ACCIÓN


Ante el contexto de riesgo físico y psicológico que enfrenta José Humbertus Pérez Espinoza y los integrantes de PIDHAC y FMVD, se manifiesta una profunda preocupación por la criminalización de su labor y la falta de respuesta de las autoridades estatales y federales frente a estos actos de impunidad. 




Las organizaciones que apoyan a Pérez Espinoza han solicitado una investigación efectiva y pronta que esclarezca los hechos denunciados, se sancione a los responsables materiales e intelectuales de los actos intimidatorios, amenazas y desalojo, y se garantice que estos hechos no se repitan. Además, exigen medidas necesarias para salvaguardar la seguridad e integridad personal de Pérez Espinoza y los integrantes de las organizaciones que él representa, y que cese el hostigamiento en su contra.


Esta situación exige una respuesta inmediata y contundente por parte de las autoridades para garantizar que los defensores de derechos humanos puedan llevar a cabo su labor sin miedo a represalias. Se hace un llamado a la ciudadanía y a las organizaciones nacionales e internacionales a unirse en la defensa de Pérez Espinoza y sus colegas.


CONTACTOS PARA LA ACCIÓN URGENTE


Se solicita a los ciudadanos que se solidaricen con esta causa, enviando cartas de apoyo a las siguientes direcciones:



- Presidente de los Estados Unidos Mexicanos, Andrés Manuel López Obrador. Twitter: [@lopezobrador_](https://twitter.com/lopezobrador_)

- Luisa María Alcalde Luján, Secretaria de Gobernación: atencionciudadana@segob.gob.mx

- Gobernadora del Estado de México, Mtra. Delfina Gómez Álvarez: Twitter [@delfinagomeza](https://twitter.com/delfinagomeza), jefatura.endomex@gmail.com

- Comisión de Derechos Humanos del Estado de México, Presidenta Myrna Araceli García Morón: Twitter [@CODHEM](https://twitter.com/CODHEM)

- José Luis Cervantes Martínez, Fiscalía General de Justicia del Estado de México: Twitter [@FiscaliaEdomex](https://twitter.com/FiscaliaEdomex)


Además, se sugiere enviar copias a la siguiente dirección de correo: rddhorg@gmail.com


Esta Acción Urgente es un llamado a proteger a quienes defienden los derechos de todos, y a asegurar que la justicia prevalezca en el Estado de México.


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