Agencia MANL
En un hecho que ha generado indignación y preocupación en la comunidad empresarial, la Fiscalía General de Justicia del Estado de México (FGJEM) ha devuelto 8 millones de pesos que presuntamente fueron robados por elementos de la Policía de Investigación (PDI) durante un cateo realizado en Tlalnepantla. La devolución de esta suma representa un avance parcial en la resolución de un caso que ha puesto en entredicho la integridad de las fuerzas de seguridad en la entidad.
El empresario José Santos, quien fue víctima de este presunto abuso de autoridad, denunció públicamente que los elementos de la Fiscalía se habían apoderado de 12 millones de pesos durante un operativo en sus instalaciones. Según Santos, los agentes aprovecharon el cateo para sustraer la millonaria suma, una acusación que encendió alarmas sobre el actuar de la PDI en la región.
El cateo en cuestión, llevado a cabo bajo la supuesta premisa de investigar actividades ilícitas, ha dejado un sabor amargo entre la comunidad empresarial de Tlalnepantla, quienes ahora se preguntan hasta qué punto pueden confiar en las instituciones encargadas de garantizar su seguridad. La devolución de los 8 millones de pesos por parte de la FGJEM, aunque significativa, no cubre el monto total presuntamente robado, lo que ha generado cuestionamientos sobre el destino de los 4 millones restantes.
El empresario ha exigido que se realice una investigación exhaustiva y transparente para determinar la responsabilidad de los agentes implicados, así como para recuperar la totalidad del dinero. Hasta el momento, la FGJEM no ha emitido un comunicado oficial sobre las acciones que tomará para esclarecer los hechos y castigar a los responsables, lo que aumenta la incertidumbre en torno al caso.
Este incidente se suma a una serie de denuncias recientes sobre presuntos abusos cometidos por elementos de la PDI en diversas regiones del Estado de México, lo que ha llevado a expertos en derechos humanos a exigir una reforma integral en los cuerpos de seguridad estatales. La falta de confianza en las instituciones de seguridad pública podría tener graves repercusiones en la percepción ciudadana y en la inversión empresarial en la entidad.
A medida que se desarrolla la investigación, la comunidad empresarial y la sociedad en general estarán atentos a las acciones de la FGJEM para garantizar que se haga justicia y se recupere la totalidad de los recursos sustraídos. Este caso podría ser un punto de inflexión para abordar de manera urgente la corrupción y el abuso de poder dentro de las fuerzas de seguridad en el Estado de México.
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